Las evidencias presentadas por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción fueron contundentes. Múltiples irregularidades en varios contratos fiduciarios en Neiva y Palermo (Huila), en 2007 y 2008, quedaron al descubierto.

Las anomalías buscaban favorecer a un conocido del entonces alcalde de Palermo y de otros funcionarios, y pusieron en riesgo algo más de 14.000 millones de pesos.

En ese sentido, un juez penal del circuito de Neiva (Huila) condenó al exmandatario municipal, Helber Yesid Pinzón Saavedra, a 24 años de prisión por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y contrato sin cumplimiento de requisitos legales; a los exdirectores de Tesorería de Neiva (Huila), Yesid Orlando Perdomo Llanos y Alberto Calderón Gómez, a 26 años y 19 años de prisión, respectivamente; y al contratista Raúl Toro Pérez, a 19 años de prisión.

La investigación estableció que, en julio de 2007, la Tesorería de Neiva (Huila) otorgó contratos fiduciarios de administración e inversión al señor Toro Pérez. Inicialmente, le fueron desembolsados 2.000 millones de pesos, que obtuvieron rendimientos de más de 48 millones de pesos en tres meses. Posteriormente, le entregaron 4.000 millones de pesos, que arrojaron ganancias de 124 millones de pesos en seis meses.

En 2008, nuevamente se le confiaron al contratista 6.000 millones de pesos que, en seis meses, dejaron dividendos por 216 millones de pesos.

Mediante esta modalidad de contrato de fiducia, el exalcalde de Palermo también desembolsó 2.000 millones de pesos provenientes de regalías a su conocido, el señor Toro Pérez. De esta manera, se consiguieron rendimientos de 87 millones de pesos en seis meses.

La Fiscalía acreditó que estos trámites financieros no cumplieron con los requisitos de ley, y no existió un estudio para verificar la oportunidad y conveniencia de invertir recursos por 14.000 millones de pesos, a través de una persona que no garantizaba el retorno de los recursos, representaba un alto un alto riesgo de pérdida de los dineros y no tenía la idoneidad ni estaba autorizada o vigilada por la Superintendencia Financiera para hacer captación masiva de dinero o servir de intermediario financiero.

El fallo contra los cuatro involucrados en el andamiaje criminal impuso multas entre 1.000 a 7.000 millones de pesos; y ordenó la captura inmediata de los sentenciados para hacer efectivas las penas en centro carcelario.

La decisión es de primera instancia y contra la misma proceden los recursos de ley